• El trasfondo político
Por Francisco Javier Flores V.
El caso de la Fiscalía General del Estado va más allá de un simple pleito entre la titular de esa institución y una subordinada inconforme con un cambio de adscripción.
No tiene que ver, incluso, con las labores sustantivas de procuración de justicia a los guerrerenses, que en rigor es lo que debería preocupar.
El fondo del asunto es político, más que jurídico o laboral. Veamos.
La falta de madurez y voluntad política para arribar a acuerdos entre las diferentes fracciones y representaciones partidistas al interior de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado está trayendo problemas de gobernabilidad en Guerrero.
En torno a la crisis en la que se encuentra inmersa actualmente la Fiscalía, hay que recordar que hubo más de 40 aspirantes a ocupar dicho cargo; no había ninguna necesidad de que llegara alguien de las fuerzas armadas a ocuparlo. Sin embargo, pudo más el capricho o los intereses inconfesables de los diputados de derecha, acostumbrados a la negociación en lo oscurito, para no escoger un perfil más acorde a la realidad de nuestro estado.
Al último, se tuvo que optar por la opción militar, por la que votaron en gran mayoría (¿no se les hace raro?), curiosamente siendo la militarización algo que ellos mismos han reprochado al gobierno federal.
El problema es que esa misma tónica, la de anteponer intereses personales y de grupo, sigue prevaleciendo en el Congreso, baste mencionar el tema del nombramiento del o la titular de la Auditoría Superior del Estado, en donde igual existen resistencias, y los priístas -no todos, hay que aclarar- pastoreados por el coordinador Héctor Apreza Patrón, antes que los acuerdos optan por la guerra mediática, para alargar el proceso a su propia conveniencia.
Flaco favor le hacen los diputados a Guerrero. Ahí están parte de las consecuencias. Vale.