• Urge estrategia para
reducir el crimen organizado
Por Roberto Santos
Finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la escuela normal de Ayotzinapa está infiltrada por el crimen organizado.
Ante esto ¿cuál debería ser el siguiente paso?
Desenmascarar a los grupúsculos que controlan a los estudiantes para sacarlos de la escuela y llevarlos a realizar actos de violencia en contra de terceros.
Andrés Manuel es el hombre más enterado de México. Por eso no se duda que lo que dijo sea cierto.
Lo pertinente sería que esa normal regrese a la normalidad y recupere el espíritu educativo.
Pero eso deberá hacerlo el gobierno federal, y no seguirle dejando la papa caliente a la gobernadora.
Aunque a decir verdad, fuera de la dirigencia, la mayoría de estos chicos solo pretenden mostrar sus afanes rupturistas para seguir siendo aceptados en la escuela y para que sigan pasando materias; para el anecdotario y para su perfil extra curricular.
Lo verdaderamente grave se encuentra en las calles del estado, en las zonas urbanas y rurales, donde el actuar de la criminalidad es cada día más cruel.
Por eso urge que se aplique una verdadera estrategia de prevención y contención de esos grupos desde el ámbito federal para reducir la violencia en el estado y el país.
Porque todos hemos sido testigos de cómo las empresas criminales se multiplican cada vez más, y no hay nada tangible que haga pensar que dentro de unos días o meses habrá resultados positivos.
Al miedo cotidiano a la inseguridad le han agregado otra capa más de temor, a estar en el lugar equivocado, pasar por donde no debería o ser confundido y levantado.
Parece no estar claro que la inseguridad afecta no solo la gobernabilidad, sino también a la sociedad y el desarrollo económico por los daños en la inversión nacional y extranjera.
Y en Guerrero afecta al turismo, motor económico del estado.
Querer controlar la venta de armas desde Estados Unidos puede ser un buen propósito, pero si no se limita el crecimiento de los grupos criminales y cárteles de la droga, cuyo aumento en número y geográfico es manifiesto, nada bueno se logrará.
El “laissez faire, laissez passer” daña a todos, salvo a quienes traen acuerdos económicos y políticos con dichos grupos.
De no existir complicidades no hubiera sido posible que tipos encapuchados sacaran de su domicilio al joven de 16 años, el pasado viernes en Tlajomulco de Zúñiga, a quien sus secuestradores no le perdonaron la vida y lo asesinaron.
De no existir complicidades e impunidad no habrían asesinado a tres periodistas en el inicio del 2022, situación que convierte al país en el más peligroso para ejercer el periodismo.
José Luis Gamboa de Veracruz, el 10 de enero; Margarito Martínez Esquivel de Tijuana, el 17 de enero y el pasado 23 de enero en esa misma ciudad, Lourdes Maldonado,
Y ayer lunes fue asesinado en Tijuana, Marco Ernesto Islas Flores, hijo del comunicador Marco Antonio Islas Parra.
Tampoco amenazarían de muerte a Leonardo Martínez Peralta, quien había sido desplazado de Zihuatanejo por el alto riesgo de ser asesinado.
“Ya sabemos que regresaste, vimos tu nombre en el periódico”, le dijeron al comunicador que retornó a su pueblo, después de dos años y medio de estar desplazado, a la vez que dio un golpe en el pecho, rematando con la sentencia de que lo andan buscando para matarlo.
Comunicadores, defensores de los bosques, líderes sociales, políticos y alcaldes han sentido en carne propia lo que es vivir en un país de impunidad.
Pero tampoco se trata solo de individuos.
Hay pueblos enteros asediados por el narco, que han tenido que huir para sobrevivir.
Y grupos de productores que han dejado sus cosechas para que los criminales las vendan, como ha sido la venta de aguacate, y ahora el limón, cuyo precio llegó a 95 pesos el kilo.
“Dejar hacer, dejar pasar” debería cambiarse por aquello de “amor con amor se paga” para dar respuesta a la población que desesperada pide que el gobierno federal actúe de inmediato.