- Tiempos violentos
Por José Antonio Rivera Rosales
En sentido contrario de lo que auguraba el presidente López Obrador cuando andaba en campaña, su primer año de gobierno resultó ser uno de los más violentos desde que en 1997 comenzaron a hacerse mediciones de los índices criminales en México.
En diferentes momentos este espacio advertía que la violencia criminal de ningún modo declinaría sólo por tener un nuevo régimen de gobierno, dado que la delincuencia se rige por reglas del mercado internacional, no por decretos o buenas voluntades.
Dada su inclinación mesiánica, López Obrador creyó erróneamente que sólo con su arribo al poder decrecerían las tendencias homicidas que emanan de las diferentes tipologías del delito del crimen organizado.
Eso da una idea de la visión personal del mandatario que se cree -o se creía- una especie de ungido destinado a salvar a los mexicanos. Pobre mesías.
La realidad, descarnada y brutal, le ha mostrado a AMLO que los negocios criminales seguirán expandiéndose en la medida en que un estado laxo se los permita. López Obrador ya dejó en claro que no los combatirá con los instrumentos que la ley le otorga, lo que de facto ofreció un respiro a los cárteles, tanto como a las decenas de pequeñas bandas armadas que pululan por el país.
Nadie duda que el presidente tiene el firme propósito de construir un país distinto, con una economía más equilibrada y menos pobres, pero hasta ahora lo que vemos es un proceso de concentración del poder en una sola persona -lo que puede resultar muy peligroso-, una postura laxa para combatir el crimen organizado y la dispersión de recursos en una estructura clientelar con propósitos todavía no muy claros. No hay evidencias firmes de que la economía popular esté mejorando como asegura López Obrador.
Uno de los indicadores más preocupantes es la comisión de ilícitos en todo el país, pero particularmente los homicidios dolosos que han crecido de manera sostenida en los últimos años.
Según registros oficiales, en 2017 hubo 29 mil 168 asesinatos en todo el territorio nacional, cantidad que subió 33 mil 341 en 2018 y, para noviembre de 2019 -cuando AMLO ya llevaba su primer año en el poder-, se habían cometido ya más de 31 mil homicidios, con una clara tendencia al alza. Es claro que a este gobierno le está ganando el tiempo.
A ello hay que agregar un ingrediente escasamente estudiado: un sector cada vez más numeroso de la sociedad participa en los negocios ilegales del crimen, sea para conseguir empleo, para comerciar o para prestar apoyo a cambio de prebendas, lo que obstaculiza la labor del estado de perseguir el delito. En este sentido, un sector de la sociedad se constituye como una suerte de escudo de la delincuencia, como hemos visto en diferentes casos y en diferentes ciudades.
Si las cosas siguen igual, seguiremos presenciando masacres de todo tipo en el territorio mexicano frente a las cuales el estado se mostrará omiso o, peor aún, permisivo y hasta consecuente.
Así las cosas, tal parece que los mexicanos nos tendremos que acostumbrar a vivir asolados por la delincuencia de todo tipo mientras el Estado Mexicano se limita a garantizar su propia permanencia en el contexto de un supuesto combate a la economía neoliberal.
Es verdad que los 36 años de permanencia en México de un mercado salvaje polarizó la economía -hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres-, pero el desmantelamiento de esa economía pasa precisamente por el rubro de la justicia. Y eso es lo que AMLO se niega a hacer: rescatar los capitales ilícitos para destinarlos a la construcción de una economía popular fuerte.
Ese anuncio de la construcción de un instituto para devolver al pueblo lo robado, que se encarga de licitar unos cuantos bienes menores, es pura faramalla. Lo que hay que hacer es quitarle la riqueza mal habida a un sector de las grandes fortunas que crecieron al amparo de los gobiernos neoliberales. El gobierno sabe dónde están esos grandes capitales que suman miles de millones de dólares, igual como hay que decomisar otros miles de millones del narcotráfico. Todos ellos tienen nombre y apellido.
Es una tarea titánica, pero en algún momento hay que hacerlo. Eso de “borrón y cuenta nueva” es un gran regalo de impunidad para los grandes ladrones y grandes criminales de la era neoliberal. En ese sentido, la actitud de AMLO es funcional para el estado criminal que gobernó México los últimos 40 años.
Mientras los grupos criminales reciben un respiro que les permite renovarse y fortalecer cuadros, no vemos cómo es que el gobierno de la 4T pretende disminuir los índices de homicidio y otros muchos delitos de alto impacto -ya no se diga la extorsión que está lacerando la economía popular, la trata de personas que ha secuestrado miles de jovencitas, el secuestro y el feminicidio-.
La Guardia Nacional, invento de esta administración, está en pañales. Tardará al menos dos años más en ser una entidad plenamente operativa que se encuentre en condiciones de combatir el crimen.
A la mitad de la administración probablemente se convertirá en una policía militarizada que constará del 50 por ciento del estado de fuerza que actualmente tiene el Ejército Mexicano. Pero ello no es garantía de que mantendrá a raya a las formaciones criminales porque aún le faltará el obligado fogueo de combate.
En ese sentido, si López Obrador no da un giro determinante a su estrategia de seguridad, es de temer que los mexicanos entraremos a un pozo de sangre y violencia más profundo y oscuro que con los gobiernos neoliberales.
Que Dios nos libre de una situación así.