- Lambertina
Por José Antonio Rivera Rosales
Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, pensó que se había sustraído de la acción de la justicia.
Pero no resultó así: recién fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con el caso Ayotzinapa.
En septiembre de 2014, cuando sucedió el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Galeana Marín era magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, cargo al que accedió después de que Jesús Martínez Garnelo renunció para integrarse como secretario en el gabinete del gobernador Angel Aguirre.
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), basada en las investigaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), determinó que un grupo numeroso de exfuncionarios habrían participado en una operación de encubrimiento del caso.
En diferentes ocasiones los padres de los muchachos desaparecidos reclamaron a las autoridades que se procediera contra funcionarios y exfuncionarios señalados por su implicacion en los trágicos sucesos de septiembre de 2014.
Pero durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador los avances fueron mínimos, al grado de causar la ruptura con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.
La detención se produjo seis meses después de la captura de Alejandro Benítez Palacios, El Cholo, uno de los operadores clave del grupo delictivo Guerreros Unidos, ocurrida en Tatlaya, estado de México. Este individuo es uno de los que al parecer coordinó la operación para secuestrar y asesinar a los normalistas y podría arrojar más luz sobre los hechos.
La aprehensión de Galeana Marín fue tan sorpresiva que hubo que trasladarla en una ambulancia dado que la exmagistrada estuvo a punto de infartarse. Desde 2022 se conoció que un juez federal liberó varias órdenes de aprehensión contra militares señalados de haber dado cobertura al secuestro de los jóvenes estudiantes. Entre esas órdenes había una contra la exmagistrada, pero en esa fecha esos ordenamientos fueron cancelados por la intervención de López Obrador.
Los cargos contra Galeana Marín son por desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia, al haber ordenado la destrucción de videos de las cámaras 12 y 15 que registraron la persecuión y captura de los normalistas en las afueras del Palacio de Justicia de Iguala.
¿Pero de verdad Galeana Marín ordenó la destrucción de esas evidencias videograficas? Porque, de ser así, resulta inexplicable que una magistrada conocedora del derecho haya tomado una decisión tan absurda, sobre todo conociendo la gravedad del caso.
En su más reciente entrega, el analista Noé Mondragón cita un dato interesante recogido, a su vez, del libro La verdadera noche de Iguala de Anabel Hernández: que la mañana del 27 de septiembre de 2014 el coordinador de la Policía Ministerial, José Luis Vega Nájera, se presentó en el Palacio de Justicia de Iguala y recogió cinco videos grabados por cuatro cámaras de seguridad.
Entre esos videos destaca uno, rotulado con el número 26-09-2014-11-19-32, y titulado “Personal de la policía trasladando algunos detenidos”. Esa grabación resulta ser de primordial importancia porque demostraría la participación policiaca en el secuestro de los jóvenes. Esto es, que efectivamente habría sido un crimen de estado. Pero si ese mando policiaco se llevó esos videos, entonces es probable que aún se conserven y no hayan sido destruidos.
Como quiera que sea, parece obvio que hubo participación militar en la desaparición de los jóvenes normalistas, tanto por comisión como por omision.
Dos ejemplos: ante cuestionamientos del gobernador Aguirre, el mando territorial de la Novena Región, general Martín Cordero Luqueño, negó que los jovenes hubieran sido secuestrados y, por el contrario, le “informó” que ya estaban de regreso en su escuela.
Otro factor extraño es que los mandos del 27 batallón de infantería (BI) asentado en Iguala se negaron a prestar apoyo para desarmar a la Policía Municipal. Un indicio más: el C-4 de Iguala, que era operado por militares, jamás reportó ningún incidente a la gubenatura, a pesar de que fue requerido en varias ocasiones. Es decir, ocultó premeditadamente los hechos.
El mando territorial del Ejército, el 27 Batallón de Infantería, el C-4, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como los mandos policiacos locales acantonados en esa ciudad del norte de Guerrero, todos, negaron información al mandatario.
Eso pudiera explicar el hecho de que el alto mando del Ejército ofreció una suerte de indemnización a los padres de los jóvenes desaparecidos -algo así como medio millon de pesos- con el ánimo de atemperar las protestas, que estaban en su punto más álgido. Algunos padres lo aceptaron, otros no (según la fuente, cerca de una veintena de los padres agraviados aceptaron el ofrecimiento).
En pocas palabras, Aguirre Rivero estuvo a ciegas durante toda la jornada violenta, razón por la cual tuvo que desplazar fisicamente al fiscal Iñaki Blanco, acompañado por una fuerza considerable del estado, para poder esclarecer los hechos.
Y si los hechos ocurrieron de esa manera, como todo parece indicar, sólo pudo ser por una orden superior procedente de la Presidencia de la Repúlica. ¿Por qué entonces no citan a declarar a Enrique Peña Nieto? Sólo él pudo dar la orden de encubrimiento que dio pauta para construir la llamada “verdad histórica”. Nadie más.
Un dato más, que nunca se hizo público: días después de los hechos fatídicos de Iguala dos grupos delictivos -el consabido Guerreros Unidos y otro más basado en Acapulco- habían entablado algún contacto para “transferirse” entre ellos a los jóvenes, como una forma de evadir la justicia.
Nunca prosperó tal propósito porque ya para entonces la Federación había invadido la ciudad tamarindera. La fuente de esta versión, por desgracia, ya falleció.
Por todo lo anterior, resulta por lo menos extraño que quieran imputarle a Aguirre Rivero alguna responsabilidad en esta complicada trama.
En los hechos, esta aprehensión -de Lambertina Galeana- ofrece una lectura obligada: se traduce como un reimpulso a la investigación del caso, ofrecida por la presidenta Claudia Sheibaum, lo que anticipa la eventualidad de nuevas aprehensione
El caso es que aunque se están perfilando nuevas aprehensiónes, la parte medular de esta tragedia aún sigue sin resolverse: el destino final de estos jovenes estudiantes provenientes, todos, de familias campesinas en extrema pobreza.
Además hay otras vertientes que debieran ser indagadas a fondo, como la actuación de quienes llevaron a los muchachos a Iguala, a sabiendas de que podrían ocurrir los hechos que ahora todos lamentamos. Algunos de esos protagonistas tenían familiares entre los grupos delictivos de la región centro. Esa es la parte que deberá desentrañar la investigación.