- Ley Jacko, el turno de los ciudadanos
Por Francisco Javier Flores V.
Ante el inminente inicio del periodo de inscripciones, las diferentes instituciones educativas comienzan a dar a conocer los requisitos que deben presentar los alumnos, padres de familia o tutores, siguiendo las indicaciones al pie de la letra.
Dentro de estos requisitos, se supone que ya no debe existir la exigencia de actas de nacimiento de determinado color o actualizadas, bajo ningún pretexto.
La Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero es muy clara en cuanto a que las actas de nacimiento certificadas sean únicas y constituyan un documento público con pleno valor y vigencia indeterminada.
Sin embargo, ya en algunas escuelas, como la Primaria Matutina Adolfo López Mateos ubicada en el Sector Seis de la colonia Emiliano Zapata, sin ningún rubor están solicitando para el primer y sexto grado, así como nuevos ingresos, el acta de nacimiento original verde y dos copias, lo mismo que para las inscripciones de los alumnos de segundo a quinto grado.
Es ahí donde entra y es muy importante la acción de los ciudadanos para denunciar este tipo de actos, en tanto que de las autoridades queda investigar, analizar y en su caso sancionar a quienes de manera injustificada pretenden no solamente pasarse la ley por el arco del triunfo, sino también afectar a miles de familias a quienes les representa fuerte erogación económica para obtener esos documentos.
No hay que olvidar que durante años se ha observado a diversas instituciones públicas y privadas solicitando a los usuarios actas de nacimiento originales y actualizadas, con el pretexto de dar certidumbre legal a los trámites, lo que ha traído a la población molestia y erogación innecesaria de recursos.
Cabe recordar que dicha iniciativa de reforma fue presentada por el diputado acapulqueño Joaquín Jacko Badillo Escamilla y por ello es conocida como la Ley Jacko, y quien al razonar su voto a favor del dictamen resaltó la importancia de hacer que las actas de nacimiento no estén sujetas a plazos de caducidad, ni vigencia determinada, quedando estrictamente prohibido cualquier requerimiento innecesario como la actualización de formato, lo cual se sancionará en los términos que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
La idea es que ello redunde en beneficio particular de las familias vulnerables y más necesitadas económicamente, quienes sufren penurias durante el registro de sus hijos en las escuelas, al solicitar empleo o realizar otros trámites. Es tiempo, pues, de que los ciudadanos hagan también su parte haciendo las denuncias correspondientes.