- Acusan funcionarios que la presidenta municipal ha sido víctima de violencia política y de género
Acapulco, Gro., 10 de septiembre de 2020.- El Gobierno de Acapulco convocó a evitar la violencia política y de género que promueven supuestos grupos inconformes con el reordenamiento de playas.
En conferencia de prensa, funcionarios municipales señalaron que presuntos trabajadores de playas, liderados por personajes políticos, incurren en actos que podrían constituirse en delitos y advirtieron se procederá en consecuencia de manera legal.
En conferencia de prensa celebrada en la Sala de Cabildo “Juan R. Escudero”, el director de Asuntos Jurídicos, César de los Santos Mendoza, refirió que se trata de una campaña mediática difamatoria que atenta contra los derechos humanos y políticos de la alcaldesa.
“En recientes días han aparecido, en publicidad impresa colocada en las calles y que circula en redes sociales, una serie de mensajes atacando a la administración municipal que preside la licenciada Adela Román Ocampo, como a su persona”, refirió.
César de los Santos advirtió que han sido colocados gallardetes impresos en lonas donde se muestra la imagen de la alcaldesa con información falsa referente al Segundo Informe de Gobierno y que acusan un supuesto desvío de 70 millones de pesos en Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Acapulco.
Al respecto, el director de Zofemat, Efrén Arellano Wences, precisó que en 2019 hubo una captación de 70 millones de pesos por cobro de uso y disfrute de la zona federal de playa, dinero que se empleó para el pago de la nómina, que fue de 60 millones de pesos, además de la compra de equipo y otros gastos en reparación de 4 vehículos.
Marisol Wences Mina, directora del Instituto Municipal de la Mujer, señaló en su oportunidad que no se pueden permitir expresiones denigrantes hacia ninguna mujer y que no se deben dejar pasar los ataques hacia Adela Román, que se constituyen como violencia política y de género.
El director de Comunicación Social, Celso Ruiz Gómez, convocó finalmente a no reproducir textos difamatorios ni imágenes que atentan contra la dignidad de las personas, como ha ocurrido con los ataques mediáticos contra la alcaldesa Adela Román Ocampo.