- Ayotzinapa, y la crisis conjurada…
LA INSEGURIDAD, Y LOS HECHOS VIOLENTOS, han sido el “talón de Aquiles” de ciertos gobernadores del estado. De ello bien pueden dar cuenta, cada quién por su lado, Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero. Ambos abandonaron el cargo por hechos de ese tipo. El primero por la matanza de Aguas Blancas, y el segundo, que por cierto sustituyó a aquel, por la tragedia de Iguala en su segundo periodo. Aunque se creían protegidos, obligados, tuvieron finalmente que dejar el cargo.
Fue la inseguridad, fue la violencia. Fue el exceso del poder, se ha dicho al respecto para explicar lo ocurrido, y de no haber actuado a tiempo, atendiendo el problema sin dilación, “cortando cabezas” donde fuera necesario, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tendría un gran problema en estos momentos por el caso del normalista asesinado el pasado 7 de marzo en un retén de revisión por policías del estado que pretendieron distorsionar los hechos, al culpar a la víctima y a uno de sus compañeros de lo sucedido.
Hay que decirlo. Con todo y la gravedad del hecho, de las irregularidades cometidas y del contexto en que fue asesinado el estudiante de la normal de Ayotzinapa, pues hay que recordar que los estudiantes festejaban un aniversario más de la fundación de esa escuela, y de que un día antes habían derribado una de las puertas principales del Palacio Nacional, en exigencia de una reunión con el presidente López Obrador, ante el incumplimiento de éste de aclarar la desaparición de 43 de sus compañeros hace casi 10 años en Iguala, hay que decirlo, la mandataria estatal prácticamente desactivó el conflicto.
¿Cómo? Reconociéndolo. Comprobando la gravedad y actuando en consecuencia. Reconociendo el error, detener a los policías involucrados y no menos importante, removiendo de sus cargos a los responsables de las dependencias responsables, empezando por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, como responsable de la política interna del estado, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el general Rolando Solano, quien apenas tenía dos meses de haber llegado al cargo, y responsable de los policías que cometieron el asesinato del normalista.
La Fiscal General del Estado, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos también fue destituida del cargo, en base a las atribuciones de la gobernadora Salgado Pineda, aún y contra la oposición de aquella que, indudablemente está en su derecho de agotar las instancias legales correspondientes, como el pronunciamiento del Congreso local. La Fiscal es presunta responsable de la fuga del policía estatal que se afirma disparó contra el normalista. Hay que señalar que llegó al cargo por recomendación del propio presidente de la República.
Con ello, el gobierno estatal, o mejor dicho, la gobernadora del estado, si bien no ha resuelto los hechos, logró tiempo para hacerlo, de tal forma que salvo la agresión a la Fiscalía estatal, con consecuencias materiales, los normalistas han disminuido la belicosidad de sus protestas, como la del sábado pasado, donde a pesar de la presencia de estudiantes de diversas normales, puede decirse que se comportaron tranquilos, con decencia, lejos de la agresividad que los caracteriza.
Es indudable, habrá que decirlo nuevamente, que la crisis que se veía venir por los hechos señalados, razón por la cual incluso hubo quienes desde el Senado demandaron la desaparición de poderes en Guerrero, fue conjurada. Contrario a Figueroa Alcocer, que pretendió ocultar los hechos de Aguas Blancas, con el fin de proteger a los policías que perpetraron la matanza de campesinos, y contrario también a Aguirre Rivero, que no le dio la importancia a lo ocurrido en Iguala, donde fueron atacados normalistas de Ayotzinapa y 43 desaparecidos, Evelyn Salgado Pineda reconoció los hechos, evaluó la gravedad de los mismos, y actúo en consecuencia.
De no haberlo hecho, y a tiempo, hoy las cosas serían diferentes. Sirvió, también, la reunión entre la mandataria estatal con el comité estudiantil de la escuela normal, y los padres del joven asesinado. El compromiso de justicia y de aplicarle la ley a los responsables del homicidio es fundamental ante un hecho lamentable, condenable y deplorable. Y en ello, habrá que puntualizarlo, no deben escatimarse esfuerzos ni recursos.
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