•Formaliza el diputado propuesta para considerar la extorsión como delito grave; pide el acapulqueño al pleno elevar iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión
CHILPANCINGO, Gro., 14 de marzo del 2023.- El diputado local Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla formalizó ante el Congreso de Guerrero la propuesta de reforma constitucional para que el delito de extorsión sea considerado delito grave que amerite prisión preventiva de oficio a quien lo cometa.
El legislador acapulqueño subió este martes a la máxima tribuna estatal para fundamentar su “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Segundo Párrafo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, para que la extorsión se agregue al catálogo de delitos que actualmente ameritan dicha medida.
Con ello se busca que quienes cometan ese delito “lleven sus procesos en prisión preventiva, en razón de que muchos detenidos por dicho delito, al ser liberados continúan con esta práctica, convirtiéndose los ministerios públicos y juzgados penales en puertas giratorias; asimismo, esta propuesta pretende inhibir este delito que lastima severamente a nuestra sociedad”, explicó el representante del Distrito 9 por el partido Morena.
Además –dijo- “se protege la seguridad de las víctimas y ofendidos, de los testigos y de la sociedad en general”, ya que la libertad de los extorsionadores representa un grave peligro para la misma, pues constantemente se reclama por qué los jueces los dejan libres con mucha facilidad.
Añadió que ante el conflicto que surge entre el derecho de la sociedad a disfrutar de una vida libre de violencia y a la seguridad pública que salvaguarda todos los derechos fundamentales, y el derecho de los inculpados a disfrutar de su libertad mientras se les instruye el proceso penal correspondiente, “frente a este derecho debe prevalecer la seguridad de todos”.
Jacko Badillo pidió al pleno elevar esta iniciativa al Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes; en tanto, con base en el trámite legislativo fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión de dictamen correspondiente.