Por Hipólito Lugo Cortés
Hemos iniciado este 2023 con el flagelo de la inseguridad pública, en lo que va de enero, la situación de inseguridad y violencia no parecen dar tregua y se convierten en el talón de Aquiles de las autoridades.
Uno de los delitos de mayor impacto, lo es desde luego el de la privación de la vida, que tiene una amplia gama de consecuencias familiares y sociales; de conformidad con los datos estadísticos del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos perpetrados en el 2021 se contabilizaron 33 mil 350, mientras que en el año 2022 se registraron 30 mil 968 homicidios, que oscilan de 85 a 90 cometidos por día.
En Guerrero por ejemplo, más de medio centenar de muertos se han cometido tan sólo en Acapulco, de los que resalta el homicidio de Samuel Buenfil Espinoza, jefe operativo de la Policía en Acapulco, ocurrido el 10 de enero.
De trascendencia fue la privación de la libertad de los periodistas Jesús Pintor Alegre, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar el 27 de diciembre pasado; siendo liberados los dos primeros la noche del 11 de este mes, y seguro estoy que para lograr que fueran liberados influyó la movilización y solidaridad manifiesta de sus compañeros periodistas, más allá de que se hubiese dado por la intervención de las autoridades, quienes sólo posaron para la foto, como lo aseveró el agraviado Pintor Alegre.
En un hecho similar, el 15 de enero fueron desaparecidos en Aquila, Michoacán, el defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia, caso en el que integrantes del senado del grupo parlamentario de Morena han emitido comunicado para exigir su presentación con vida, así como la realización de diligentes investigaciones para su localización.
En este contexto de inseguridad pública, la percepción social se ha incrementado en algunas ciudades y en otras con muy leve disminución, pero ahí se mantiene esa percepción ciudadana de sentirse inseguros; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, a diciembre del 2022, el 64.2% de la población de 18 años y más, que reside en 75 ciudades de interés, consideró inseguro vivir en su ciudad.
De igual manera resaltó en este mes, que el presidente de la república el 16 de enero, nombró como Subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública al General de División Diplomado de Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio, en sustitución de Ricardo Mejía Berdeja; el nuevo Subsecretario tiene un perfil de formación militar, se desempeñaba como comandante de la Guardia Nacional, a la que llega otro militar, el General David Córdova Campos; es decir, en México se fortalece el enfoque militarizado en la Administración Pública Federal, con lo se continua inobservando lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución federal que establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil.
Es necesario que alguien le aconseje al presidente de la república, de la importancia de atender las recomendaciones de naciones unidas para el retiro gradual de la milicia de las tareas que corresponde a instituciones civiles; pero, entiendo, no desean incomodarlo o recibir un regaño y se suman a estas decisiones.
También resalta en este mes, que la semana pasada el Gobierno del estado por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, instaló el Comité de Participación Ciudadana y Prevención al Delito, que paradójicamente a su nombre, se encuentra integrado por puros funcionarios, y ojalá contribuya para la implementación de políticas públicas encaminadas a la necesaria prevención de delito, y con ello se logre disminuir la incidencia delictiva en la que estamos inmersos en este primer mes del año, con un gris escenario para todos; y se eche un vistazo por parte de las autoridades federales, estatales y municipales a la estrategia en seguridad ciudadana, para garantizar el derecho fundamental de seguridad pública.