Por Héctor Manuel Popoca Boone
La ley no es un mandato divino, ni tampoco un precepto perfecto y lleno de sabiduría. Son normas establecidas por el ser humano, desde antiguo, para hacer guardar cierto orden en el comportamiento individual y colectivo, buscando una adecuada cohabitación pacífica entre todos, en un territorio específico y en una época dada.
En los orígenes del homo-sapiens estas normas de conducta, consensadas o impuestas por los más fuertes o más sabios; eran tradiciones heredadas y trasmitidas en forma oral, para conocimiento de todos y su respectivo acatamiento. Eran prescripciones no escritas para la sobrevivencia tribal.
Las leyes más antiguas ya plasmadas en piedras, papiros, fibras de bambú o en papel, datan de la época de bronce de la humanidad. Aparece la gran recopilación hecha en el Código de Hammurabi (1750 AC), para los habitantes de Mesopotamia. Los diez mandamientos de Moisés (1250 AC), para el pueblo hebreo. Los preceptos de Lao-Tse (Siglo IV AC), para el pueblo chino. La Torá, para el judaísmo. El Corán de los musulmanes y los Evangelios, de los cristianos.
Para el mundo occidental fueron fundamentales para su estructura legal el Derecho Romano, culminando en el Código Napoleónico (1804 DC), por mencionar algunos pilares históricos de la jurisprudencia universal.
Como todo producto humano, las leyes no han sido del todo justas y universales; ni mucho menos han guardado los principios de libertad, igualdad y equidad social. Es más, muchas de ellas, han protegido prácticas discriminatorias, salvaguardando privilegios y fueros de distinta naturaleza. De ahí que no exista siempre su pleno acatamiento, lo que puede dar inicio a la subversión comunitaria y/o una dictadura.
Ese conjunto de preceptos conforma el sustrato de lo que en la actualidad se llama el Estado de Derecho, cuyos textos quedan plasmados en las constituciones nacionales y de las leyes que de ellas emanan rigiendo con sus especificidades correspondientes en los países del mundo, tanto a personas físicas como a las morales.
Expreso lo anterior porque acapararon el comento-dromo de la semana, los últimos sucesos acontecidos en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a resultas del descubrimiento de que la tesis con la que se graduó de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma de México (UNAM), la todavía hoy ministra Yasmín Esquivel, resultó ser un plagio de la susodicha y que, (por si fuera poco) se proyectaba como futura Magistrada presidente de la SCJN, apadrinada por “el que ya se imaginan”
Afortunadamente fue detenida tal pretensión aberrante, que es todo un monumento a la amoralidad. Esos aconteceres, han provocado, como nunca antes, gran pérdida de autoridad moral a la SCJN al ser la máxima institución de impartición de justicia nacional.
Dictaminado y certificado que fue el plagio de tesis por las autoridades de la UNAM, inexplicablemente ni esa institución académica, ni la SCJN, ni la Secretaría de Educación Pública federal, han tenido el suficiente valor para darle cauce a la demanda administrativa de nulidad, al título universitario conferido a la “magistrada” falsaria que ahora laboralmente lo ejerce, flagrantemente, bajo el cobijo de una impunidad otorgada por las máximas instituciones gubernamentales y académicas de México. Hasta a la Fiscalía General de la CDMX quedó metida y mal parada en este desaguisado.
Atentos al tema de la inexistencia y la nulidad de los actos jurídicos, el artículo 2,226 del Código Civil Federal de nuestro país establece lo siguiente: “La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.”
Este es uno de los ejemplos relevantes de cómo la ley la tuercen y la evaden los que deben de salvaguardarla. Con eso dan respaldo al dicho popular que “la ley está al servicio del mejor postor” y que, los malos pobres están en la cárcel, pero los malos ricos están gozando de cabal salud, libertad y prosperidad.
PD. Le pregunté a un amigo que labora en las oficinas de la Rectoría de la UAGRO: Aproximadamente ¿cuántas personas con título apócrifo o “patito” se desempeñan profesionalmente en Guerrero? Me contestó lacónico: “Un chingo y dos montones” ¡Vaya usted a saber!
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