- La intrusión
Por José Antonio Rivera Rosales
En una demostración inexplicable de fuerza, miles de manifestantes irrumpieron en la capital guerrerense, el pasado 4 de marzo, para reclamar obras y servicios al gobierno que encabeza Evelyn Salgado.
Aunque no existen cifras definitivas, las versiones de prensa reportan algunos miles de personas provenientes de 13 municipios de la región centro, del valle del Ocotito, del Circuito Río Azul, de la Montaña Baja y de la Montaña Alta.
Aunque los inconformes hablaban en todo momento de una manifestación pacífica, lo cierto es que se trató de una marcha que secuestró a medio gabinete estatal, retuvo contra su voluntad a unos 600 trabajadores gubernamentales y vandalizó con resorteras algunos exteriores del Palacio de Gobierno, además de que derribaron el portón de entrada ¿Es ésta una manifestación pacífica?
Según los organizadores, participaron más de 20 mil personas. Otras versiones consideraron que marcharon unas cinco mil así como decenas de comisarios y de alcaldes de la región.
Como quiera que sea, fue claro que se trató de una manifestación extraordinaria protagonizada por personas de indudable extracción popular. La mayor parte de los inconformes parecian ser base social obligada del crimen organizado. Los municipios de donde procedían los manifestantes son Atlixtac, Zitlala Chilapa Ahuacotzingo, Tixtla, Apango, Zapotitlán Tablas e inclusive Tlacoapa.
Este es un escenario que refleja perfectamente el control e influencia de un grupo delictivo, en este caso Los Ardillos, sobre un sector de población. Aunque digan que no es verdad.
El caso es que hasta el momento se ignora lo que pretendían al incursionar en la capital guerrerense y avasallar a la poblacion civil que, amedrentada, vació las calles principales de Chilpancingo para evitar verse envueltas en algun conflicto.
Contra todo pronóstico, la propia mandataria guerrerense acudió a presidir la negociación con los inconformes, sólo para descubrir que estaba ante una falsa bandera. Los manifestantes demandaban obras y servicios públicos, pero al revisar la situación los sevidores públicos se percataron de que ya estan en proceso de inversión en esos municipios obras por más de un mil 200 millones de pesos.
Esto es, esa manifestación no tenía razón de ser.
Llama la atención que la gobernadora Evelyn Salgado jamás se amilanó y, pese al riesgo de ser agredida por una expresión tan virulenta como ésta, se sentó a negociar personalmente con los inconformes, quienes después de cinco horas finalmente aceptaron los acuerdos propuestos por la joven mandataria.
Todo esto nos lleva a recordar la marejada humana del 10 de julio de 2023, que incursionó de la misma manera -aunque de manera más agresiva, hay que decirlo- lo que hizo retroceder a la unidad antimotines tanto del estado como de la Guardia Nacional. Al final, también reclamaba -al igual que ahora- obras y servicios en sus municipios.
Pero en esa ocasión, tras bambalinas exigieron la liberación de un transportista de nombre Jesús Echeverría Peñafiel, a quien días antes la Guardia Nacional lo había detenido con armas y drogas.
La actual protesta del 4 de marzo parece haber sido una mala calca de la de julio de 2023, sólo que ahora se ignora qué fue lo que realmente la motivó. Las autoridades deben saber qué es lo que hay detrás de esas incursiones en las que predominan hombres encapuchados portando garrotes y machetes.
Lo más inquietante es que al menos una decena de alcaldes encabezaban el movimiento, aunque es claro que algunos iban contra su voluntad, como lo puntualizó el orador que estaba narrando los diferentes aspectos de la incursión.
Pero igualmente es un indicador de la influencia que parecen ejercer los jefes criminales en esa región del centro del Estado de Guerrero. Estamos ante una demostración de poder del grupo criminal Los Ardillos, encabezados por Celso Ortega Jiménez, uno de los jefes visibles de esa organización criminal que ha cometido varias atrocidades en la capital guerrerense, incuido el homicidio del alcalde electo Alejandro Arcos Catalán.
Quien llevaba la voz cantante de la protesta era nada menos que el alcalde de Atlixtac, Guillermo Matías Barrón, quien azuzaba a los manifestantes para incursionar hasta el Palacio de Gobierno. Se trata de un individuo que en la incursión de 2023 se presentó como portavoz de las decenas de comisarios participantes. Es claro que forma parte de la estructura criminal.
Durante la protesta este sujeto hostigó a los reporteros que cubrían el movimiento como parte de su trabajo. En algunos casos arrebató celulares y grabadoras de los colegas que sólo hacian su trabajo.
El problema aquí es que este tipo de intrusiones en la ciudad capital genera caos y un sentimiento generalizado de miedo entre la población. Pareciera que estos criminales sólo buscan afirmar su dominio territorial frente a sus enemigos, los llamados Tlacos, que mantienen su predominio en la parte alta de la sierra, desde donde dirigen operaciones quirúrgicas hacia blancos bien definidos.
En definitiva, tanto Tlacos como Ardillos se han convertido en un azote para la población de Chilpancingo, estimada en 283 mil habitantes, que sólo quiere trabajar en paz.
Esta problemática, grave por dondequiera que se le vea, es la que debe ser atendida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-PC) y la Fiscalía General de la República (FGR), dependencias sobre las que recae la responsabilidad de combatir el crimen organizado. Si no lo hacen -como hizo López Orador durante su sexenio- estas organizaciones criminales, que ya controlan parte de la economía, crecerán hasta niveles intolerables.
La población de Guerrero de ninguna manera se merece tal latrocinio.