- Simplemente aplicar la ley
Por Francisco Javier Flores V.
La opinión en contra es generalizada y la sentencia lapidaria.
Prácticamente sin excepción y hasta en coro, las voces que se escuchan o se leen a través de las diferentes redes sociales llevan el mismo sentido.
A quienes han adoptado los bloqueos carreteros o cierre de calles como medida de presión para conseguir sus propósitos, que se les aplique la ley.
El ataque a las vías de comunicación es un delito que nada tiene que ver con el derecho a la libertad de manifestación.
Porque en efecto, la ley es muy clara: cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos tienen derecho a organizarse y manifestarse para exponer sus inconformidades o simplemente su ideología política, pero siempre y cuando no se afecten los derechos de terceros o se altere la paz y el orden públicos.
Lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos en Acapulco ha llegado a límites intolerables.
Y es que el pretexto es lo de menos.
Ahora es por el bendito tema de los censos y el pretendido pago por supuestos daños que provocaron los huracanes Otis y John. Supuestos, porque muchos de los que andan en la bola ni siquiera fueron afectados, pero andan ahí a ver qué sacan, esa es la realidad.
Otras veces que por la falta de agua potable, por problemas en las escuelas, o para exigir pago en algunos sectores de trabajadores, como el caso de los jubilados.
Hay hasta pretextos tan absurdos como el de exigir que las corporaciones policiacas o las fuerzas armadas no entren a colonias o comunidades rurales a brindar seguridad, o porque a una chamaca se le ocurrió fugarse con el novio, vecinos y familiares se organizan, salen a bloquear calles, las autoridades emiten una ficha de búsqueda y al ratito ya le pusieron la leyenda “localizada” porque estaba con el “amor de su vida”.
El caso es que con esa mala costumbre de cerrar las calles, no es al gobierno al que se afecta, y sí representa un grave daño a la población trabajadora, estudiantes, profesionistas, gente productiva que nada tiene que ver con esas demandas, pero que quedan atascados en el tráfico o tienen que caminar largos tramos para poder trasladarse y llegar a sus destinos.
Señores y señoras autoridades, no es represión aplicar la ley; no se violan derechos humanos disolviendo a grupos de personas que están cometiendo un delito.
Es tiempo de fajarse los pantalones, o las faldas, y hacer valer la autoridad, nada más.