- Expone el magistrado Lucio Leyva nuevos criterios sobre esa herramienta jurídica que impactan significativamente en la sociedad
Por Francisco Javier Flores V.
ACAPULCO, Gro., 9 de noviembre del 2024.- Grupos vulnerables de la sociedad a quienes muchas veces se les niegan derechos como el de la salud, pueden recurrir al amparo indirecto y lograr por la vía jurídica atención de las instituciones encargadas, advirtió el magistrado del Poder Judicial de la Federación, Lucio Leyva Nava.
Luego de exponer de manera brillante ante juristas acapulqueños sobre los nuevos criterios de la Procedencia del Amparo Indirecto en Materia Penal, el especialista aclaró que no solamente las personas que están siendo procesadas tienen derecho a ampararse contra actos de autoridad.
“Hemos resuelto amparos en contra de la negativa de proporcionar servicios de salud, porque todo ciudadano mexicano tiene derecho a ellos; las instituciones dicen: no tienes derecho porque no tienes una afiliación, sin embargo nuestra Constitución prevé ese derecho”, puntualizó el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado de Guerrero.
En entrevista después de concluir su ponencia y responder a las dudas e inquietudes de los profesionales del Derecho, Lucio Leyva dijo que si bien su ponencia se enfocó en materia penal, en realidad el amparo indirecto se aplica también en asuntos que impactan de manera significativa en la sociedad, y en el rubro de la salud es uno de los más recurrentes.
Abundó que todos tenemos derecho a recibir atención médica en las instituciones públicas de salud, así como los medicamentos que se requieran. Ejemplificó con el caso de quienes padecen insuficiencia renal y tienen que acudir a realizarse hemodiálisis. “Esos tratamientos son caros y el IMSS, ISSSTE o cualquier institución de salud lo tiene que proporcionar, y nosotros hemos hecho eso, que a través de los amparos indirectos se les proporcione”, aseveró.
Admitió que muchas veces la falta de atención se genera por la ignorancia o el desconocimiento de esos mecanismos legales, de ahí la importancia que la información llegue a la sociedad, “que conozcan que el juicio de amparo también es útil para ellos, para cuestiones de salud, enfermedad, no solamente es para los abogados o para la gente que está sometida a procesos, también es para cualquier otra persona, el juicio de amparo procede contra actos administrativos u omisiones que hagan las autoridades”.
-¿Qué consecuencias tiene el no acatar las resoluciones?, se le inquirió.
“La Ley de Amparo prevé su procedimiento de ejecución, si no acatan las autoridades la sentencia puede llegar hasta su destitución, puede uno solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea destituida una autoridad porque no cumple en dar la salud, un programa social o no dar la pensión que le toca a alguna persona, en cuanto al monto”, ejemplificó.
Se le preguntó respecto a que muchas veces quienes niegan el servicio son las recepcionistas o el personal de las áreas de atención al público, y en ese sentido explicó que “el amparo involucra a todos aquellos que participen dentro de la autoridad, o sea, todos tienen que acatar el juicio de amparo, principalmente los directores o quienes representan a esa autoridad. Si el hospital no te quiere proporcionar la salud desde la recepción, ella no es digamos la autoridad, pero la institución en sí es a la que vamos a obligar a que se dé la atención a la salud”, expresó.
Finalmente, el magistrado Lucio Leyva celebró el interés de los litigantes por capacitarse y actualizarse en estos temas. “Es algo que veo muy bien, porque ellos a veces se dedican mucho al proceso penal sin ir más allá del amparo, por el temor de que a lo mejor me vayan a sobreseer, me lo vayan a negar, o porque no conocen los requisitos, o si procederá o no el amparo; creo que hubo muy buena respuesta, ojalá se concreten más pláticas, no sólo conmigo, con más titulares, porque el estudio es el que nos va a ayudar, y dar a conocer estos medios que tenemos en nuestras leyes y que son muy efectivos para los derechos humanos”, puntualizó.
La ponencia, dirigida a la comunidad jurídica en general, se llevó a cabo en el auditorio del Instituto Científico de Investigación Criminal y fue organizado por el Grupo de Abogados Penalistas (GAP).