- Compromiso social y
la realidad de Guerrero
Por Roberto Santos
Finalmente, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio inicio al programa de bacheo en Chilpancingo, una acción que la población de la capital seguramente agradecerá después de que las lluvias afectaron las calles de la capital.
El programa de bacheo, como muchas otras medidas implementadas en su gobierno, refleja una respuesta ante las crisis inmediatas.
La gobernadora ha mostrado solidaridad en momentos difíciles, como cuando la crecida del río Huacapa y los deslizamientos de tierra que afectaron a cientos de familias.
A través de la instalación de albergues, la distribución de despensas y el apoyo a la administración del presidente municipal Gustavo Alarcón, Salgado Pineda ha buscado dar un alivio rápido a los damnificados.
No obstante, el foco de la atención en Guerrero no solo se centra en las lluvias o los baches.
La inseguridad y violencia en la entidad ha sido un tema que desde el gobierno del estado se ha atendido diariamente en las reuniones con las instancias de seguridad.
Pero la violencia no es nueva, y en Guerrero tiene raíces profundas.
Frente a la aparición de los once cuerpos de los comerciantes de Chautipan, la respuesta del gobierno del estado es seguir buscando a los 5 que falta por ubicar.
En el mismo sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a fortalecer las acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer estos crímenes y dar con los responsables, extendiendo la colaboración con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
En palabras de Sheinbaum: “No habrá impunidad, sea quien sea que esté involucrado”.
Sin embargo, detrás de este compromiso institucional, se esconde una realidad difícil de cambiar: el crimen organizado está profundamente enraizado en las estructuras sociales de Guerrero.
Las intervenciones de las autoridades, aunque necesarias, no pueden resolver por sí solas los problemas estructurales que dan vida y poder a las organizaciones criminales, porque Guerrero es un estado marcado por la desigualdad social, la pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales y educativas, y la presencia de redes de poder que se extienden mucho más allá de las instituciones gubernamentales.
Y esto no es reciente.
El sociólogo francés Émile Durkheim acuñó el concepto de «anomia» para referirse a la falta de normas claras en una sociedad, lo que puede llevar a la alienación de los individuos y, en muchos casos, a la adopción de comportamientos desviados.
En comunidades de Guerrero, esa anomia se manifiesta en la aceptación de la ilegalidad como una norma cultural.
El crimen organizado no es visto solo como una actividad ilícita, sino como una forma legítima de obtener poder y recursos.
En muchas comunidades, las organizaciones criminales proporcionan empleo, poder, protección y un sentido de pertenencia.
Se convierte entonces en un sistema alternativo que compite con el Estado por la lealtad de las comunidades. No solo imponen reglas de conducta, sino que también ofrece un tipo de autoridad que muchos prefieren sobre la fragilidad del Estado de derecho.
Ante este panorama, el desafío para la gobernadora Salgado Pineda y el gobierno federal es monumental. No se trata solo de combatir la delincuencia o de aplicar justicia tras los crímenes, sino de reformar las estructuras sociales que alimentan la perpetuación del CO.
Así, cambiar el panorama debe ser parte de un esfuerzo integral que también incluya la generación de oportunidades reales para los jóvenes, el fortalecimiento de la educación y la creación de un tejido social que recupere la confianza en las instituciones.
Es cierto que se están dando golpes importantes contra la delincuencia en Guerrero, y eso es algo que se celebra.
Sin embargo, el trabajo debe intensificarse.
Será imposible erradicar una cultura tan arraigada de criminalidad y violencia, pero con el respaldo y la participación activa de los ciudadanos es posible lograrlo.
Más allá de estacionarse en la queja y la crítica en contra de la autoridad estatal para crear la percepción de que hay ingobernabilidad y que debe renunciar, es momento de crear conciencia de que este problema no se resuelve solo con armas y balazos.
Después de Evelyn, alguien más gobernará. Pero si la sociedad no entiende que es responsabilidad de todos, desde las autoridades hasta la sociedad civil, poner un alto a la cultura de la violencia, estaremos condenando a nunca salir de ella.