- Reunión Evelyn Salgado y García Harfuch,
hacia mayor coordinación en seguridad
Por Roberto Santos
La reciente reunión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el próximo secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el próximo gobierno federal, Omar García Harfuch, manda un buen mensaje.
Atender el fenómeno de la inseguridad en Guerrero, sin duda, requiere de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, y de acuerdo a lo informado oficialmente, la mandataria estatal ha ratificado el compromiso de trabajar con el gobierno federal en materia de seguridad pública.
Esta reunión es reflejo de una actitud proactiva en la lucha contra uno de los más graves problemas que enfrenta el país en conjunto: la inseguridad y la violencia.
También representa la oportunidad para sentar las bases para una colaboración efectiva entre ambos gobiernos, lo que sin duda beneficiará a la población, tan afectada por la impunidad con que las bandas delincuenciales actúan en el país.
A la gobernadora Salgado Pineda le quedan tres años de gobierno, los que serán coincidentes con los primeros tres de Claudia Sheimbaum como presidenta, y claves para fortalecer acciones que en este año ha venido aplicando a través de la estrategia integral que se implementa para pacificar Guerrero.
Los resultados de agosto, anunciados por el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, Randy Suástegui Cebrero, dan testimonio de algunos resultados de esa estrategia.
La detención de 70 personas por diversos delitos y la recuperación de 125 vehículos durante el mes pasado, son logros de las operaciones de seguridad en curso.
Pero no hay que dejar de mencionar que los retos son grandes y la integración de esfuerzos y estrategias será crucial para enfrentar los desafíos complejos que presenta la seguridad en el estado.
Y esto pasa por la implementación de programas de prevención del delito y la participación de las comunidades en la identificación de problemas de seguridad y de propuestas de soluciones locales.
La clave es mantener un equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles, garantizando que las medidas adoptadas sean efectivas y respetuosas de los principios democráticos.