• Ordenan al Presidente abrir expediente
• Un mes más de la tragedia de Iguala…
EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA y Acceso a la Información, uno de los organismos autónomos que no ha podido desaparecer el Presidente de la República, o al menos apoderarse de él, en razón de que le estorban a su gobierno, éste miércoles le ordenó revelar el expediente que le compartió el gobierno de Estados Unidos de América, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Lo anterior, a ocho años de lo ocurrido en Iguala aquel 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando murieron seis personas, entre estudiantes, miembros de un equipo de futbol, y la pasajera de un taxi. Los hechos, a pesar de ser un compromiso de campaña y de gobierno, siguen sin resolverse por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con todo el poder y la fuerza del Estado, no ha podido hacerlo.
Hay que decirlo. Destruir, o lo que es lo mismo, desmentir la “verdad histórica” a la que llegó el gobierno anterior, el del presidente Enrique Peña Nieto, no es resolver el caso de los trágicos hechos, incluida la desaparición de los 43 normalistas, de los que por cierto han sido identificados dos de ellos mediante el análisis de restos óseos, pues en vez de encontrarlos, vivos o no, lo único que ha dejado en claro es que la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa fue por parte del Estado.
Así, mientras el gobierno de Peña Nieto concluyó que los jóvenes fueron atacados por miembros de la delincuencia organizada, coludidos con policías de diversos municipios, la verdad del actual gobierno, el de López Obrador, ha señalado que fue un acto premeditado, en el que participaron altos mandos del Ejército, policías federales, estatales y municipales, así como del crimen organizado.
Es decir que mientras para Peña Nieto fue el crimen organizado con el apoyo de policías municipales, para el de López Obrador fue el Estado, y más aún, premeditado, en el que participaron el Ejército y diferentes cuerpos policiacos, con la intervención de la delincuencia, razón por la cual se encuentra en la cárcel un exprocurador de la República, por supuestamente desviar las investigaciones, así como un General del Ejército, entre otros, presuntamente por ser partícipe de la desaparición.
Lo cierto es que tanto la “verdad histórica” construida en el gobierno anterior, como la verdad del actual gobierno, a nadie convence, mucho menos a los familiares de los estudiantes desaparecidos, que exigen se dé con el paradero de éstos y se les haga justicia, la que, a ocho años de ocurridos los hechos, y a cuatro del compromiso de López Obrador, nada más no llega.
Hay que decir que como parte de las investigaciones del actual gobierno federal para solucionar el caso, el presidente de la República le solicitó al de Estados Unidos de América el expediente que tiene ese gobierno de grupos de la delincuencia organizada que tienen que ver con los hechos de Iguala, por lo que vía la Vicepresidenta, Kamala Harris, le fue entregado según el propio López Obrador en mayo del 2021.
En este sentido, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, le ordenaron a la Presidencia de la República revelar el expediente de referencia, por lo que el presidente López Obrador debe publicar los documentos recibidos sobre los normalistas desaparecidos.
El organismo autónomo, de los pocos que quedan en el actual gobierno, dado que la gran mayoría han sido desaparecidos, justificó su decisión al señalar que el caso es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a los derechos humanos que ha sufrido el país, además de que en el INAI se impulsa el principio de máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño, dijo su presidente Norma Julieta del Río.
En tanto, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, de donde eran los desaparecidos, este mismo miércoles se manifestaron en Acapulco, en exigencia de justicia y la aparición de sus compañeros.
Lo cierto es que, a dos años de que concluya el gobierno de López Obrador, quien incluso hizo campaña de que su gobierno resolvería el caso, éste no avanza, pese a la fuerza del Estado y todo el compromiso del mandatario federal que incluso creó una Comisión de la Verdad, mientras los familiares de los normalistas se van muriendo y el desencanto de otros se acrecienta. Este 26 y 27 de enero se cumple un mes de aquellos trágicos hechos ocurridos en aquella ciudad en la que no tenían por qué estar los normalistas.
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