•El enemigo en casa
Por José Antonio Rivera Rosales
Desde que se instaló en Guerrero, la fiscal ha demostrado una enorme capacidad para unir a todos los guerrerenses…pero en su contra.
Para comenzar, ha seguido al pie de la letra la política fascista de su jefe el presidente de la Repúblca para militarizar a la Fiscalía General del Estado, que no necesitaba del ingrediente castrense sino de una profesionalización y especialización de su estructura y personal, que arrastra inercias históricas plagadas de vicios.
Pero lo que hizo fue simplemente sustituir fiscales, agentes del MP y personal administrativo por operadores de extracción militar que, fiel a su formación, han usado la intimidación y la fuerza para expulsar al personal que ellos consideran nocivos, sin tomar en cuenta sus derechos laborales y antigüedad.
Adicionalmente la fiscal lanzó una batida contra una organización social de raíces comunitarias, la UPOEG, a cuyos miembros comenzó a perseguir como si se tratara de criminales peligrosos, cuando los verdaderos delincuentes que han asolado a Guerrero se mueven orondos por todo el territorio.
Eso demuestra el talante simulador de la fiscalía a cargo de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos o, todo caso, demuestra su desconocimiento de la idiosincracia de los guerrerenses, particularmente de la zona rural.
El caso es que muchos criminales claramente identificados se mueven a sus anchas por todo el estado, tanto en la Tierra Caliente como en Acapulco, sin que nadie ose detenerlos.
Para muestra está el doloroso caso de San Miguel Totolapan, donde los homicidas de la Familia Michoacana cometieron una masacre atroz en la que perdieron la vida 24 personas -20, según la versión oficial-, que en un principio se pensó que había sido la banda conocida como Tequileros pero, después, los propios pobladores de la región se la imputan a los líderes de la Familia Michoacana, Juan y José Alfredo Hurtado Olascoaga.
Hasta el momento esos jefes criminales se mantienen impunes a pesar de que sus células no sólo cometen atrocidades, sino que mantienen un control sobre a economía popular con consecuencias directas sobre toda a población, que debe pagar los precios de básicos establecidos por ellos.
Aunque esa tipología delictiva compete a la Fiscalía General de la República (FGR), la comisión de homicidios corresponde perseguirla a la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Valdovinos. Sin embargo, ninguno de esos delincuentes, ni sus lugartenientes, han sido detenidos.
El envío de tropas especiales con apoyo de armamento pesado que envió la Federación –cientos de militares- sólo han servido para la foto.
En Acapulco resurgieron los tiroteos y atentados en plena Costera Miguel Alemán entre grupos criminales enfrentados que han causado decenas de muertos en lo que va de noviembre -más de 30 muertos, para ser exactos-, casos en los que tampoco se ha sabido de detenciones de importancia.
Lo que sí trascendió fuera de Guerrero fue el robo de diez millones de pesos que estaban a resguardo en las oficinas de la Tercera Agencia del Ministerio Público, radicada en Costa Azul. Ese incidente, hasta ahora no resuelto, proyectó la imagen de la fiscalía como una suerte de Cueva de Alí Babá.
Ese dinero pertenece a un particular al que fue decomisado después de arribar al aeropuerto Internacional Juan N. Alvarez procedente al parecer de Canadá. Como no pudo demostrar el origen lícito de ese recurso, fue arrestado por la Guardia Nacional que lo puso a disposición de la FGE, que por su parte determinó “guardarlo” en las oficinas del MP de Costa Azul en lugar de entregarlo a la oficina de Bienes Asegurados, como correspondía. ¿Por qué tomaron tal decisión? Hasta parece que prepararon el terreno para robarse ese dinero.
El caso es que posteriormente el ciudadano agraviado demostró con documentos el origen legal de ese dinero y procedió a exigir su devolución pero entonces ¡sorpresa! El dinero había desaparecido. Aunque la fiscal ordenó una investigación interna, hasta el momento nadie ha dado una explicación pública sobre el caso.
Y aunque pudiera haber algún o algunos transgesores, la responsabilidad recae en la teniente coronel Valdovinos, bajo cuya conducción la dependencia se ha convertido en una fuente de problemas.
En el caso de la UPOEG, la fiscal parecer no tener idea del terreno que está pisando. Han detenido a varios de sus policías comunitarios con acusaciones de estar coludidos con el crimen organizado. Es posible, pero lo que se observa desde el exterior es que se trata de una batida contra una organización social, no criminal.
La UPOEG surgió en 2010 como una escisión de la CRAC-PC, a cuya dirigencia accedió un grupo mestizo de izquierda radical que tomó control de esa organización y procedió a marginar a las facciones inconformes, entre ellas la de Bruno Plácido y la de los llamados Pueblos Fundadores que se ubicaban en el área de Santa Cruz del Rincón.
Esa agrupación se constituyó en silencio en La Montaña Alta y salió a la luz pública en forma de organización armada para combatir a los grupos delincuenciales que mantenían un hostigamiento sobre la población de Ayutla, hechos que acontecieron el 5 de enero de 2013.
Estamos ante una organización que toma decisiones en forma horizontal, con base en sus representaciones comunitarias, decisiones que figuran como base de la estructura social de esa organizaciones que cuenta con presencia en 12 municipios de la Costa Chica, Montaña, Centro y Acapulco. Sus bases se cuentan por miles.
Hasta ahora sus dirigentes se han mostrado mesurados y abiertos al diálogo con el gobierno estatal, pero sus cuadros intermedios ya llegaron al limite de su paciencia y podrían reeaccionar de otra manera. Los recientes desaparecidos de la organización -cuatro de sus miembros activos- al parecer fueron interceptados por alguna corporación o por algún grupo delinuencial.
Cómo sea, el caso de la UPOEG podría ser un prototipo de movimiento social que, orillada por la autoridad, se transforma en un movimiento armado. Así comenzaron las guerrillas del pasado.
Si eso llega a suceder, la gobernadora Evelyn Salgado deberá darle las gracias a la fiscal Valdovinos, que parece ser su peor enemiga.