•Fundamenta Leticia Castro propuesta presentada por Ricardo Astudillo
Chilpancingo, Gro., 11 de octubre de 2022.- Diputadas y diputados aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado para establecer que las mujeres embarazadas no sean discriminadas y se les garantice el acceso a los servicios de salud materna desde el inicio del embarazo, el parto y durante el puerperio, y disponer de facilidades para su adecuada recuperación.
Al fundamentar el dictamen de la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Astudillo Calvo (PRI), la diputada Leticia Castro Ortiz, a nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, resaltó que toda mujer embarazada tiene derecho a obtener servicios de salud con estricto respeto de sus derechos humanos.
En ese sentido, destacó que a la propuesta inicial se agregó la etapa del puerperio o postparto, donde la mujer tiene un mayor riesgo. Ante esto, precisó que el Estado debe garantizar los servicios de salud a las mujeres en esta etapa difícil, que impida el registro de más muertes maternas con motivo de la falta de atención.
Esta reforma constitucional que busca proteger a todas aquellas mujeres desde el inicio de su embarazo, hasta su total recuperación, fue aprobada por unanimidad del Pleno.
Iniciativas
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para tipificar como delito el acoso sexual callejero y castigarlo con penas de tres a ocho años de prisión. Asimismo, para que se suprima la palabra «reiterada» en la descripción de los delitos de acoso sexual y hostigamiento, debido a que este tipo de conductas no deben ser invisibilizadas y basta una sola ocasión para afectar la integridad de las mujeres.
El documento fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondientes.
También se turnó a la Comisión de Justicia una propuesta de adición al Código Penal del estado hecha por el diputado Carlos Cruz López (Morena), para considerar como delito ambiental genérico y castigar con dos y hasta seis años de prisión a quien o quienes desmonten o destruyan la vegetación natural; corten, arranquen, derriben o talen árboles; realicen aprovechamiento de recursos forestales o hagan indebidamente cambios de uso de suelo en áreas naturales protegidas, áreas verdes en zonas urbanas, como parques y jardines, sin contar con el permiso de la autoridad competente.
Por su parte, la diputada Beatriz Mojica Morga (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del estado para armonizar y ajustar la organización y conformación de los espacios principales de responsabilidad en la citada institución, aplicando el principio de paridad sustantiva.
Esta última iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.