• La Fiscalía y la Upoeg…
EL CASO DE BRUNO PLÁCIDO, Y LA UPOEG, es emblemático, pero no es el único. En este sentido, si la Fiscalía que encabeza Sandra Luz Valdovinos va en serio contra los delincuentes, incluidos los que se amparan en las policías comunitarias, entonces, seguramente también los veremos detenidos por los delitos cometidos. De lo contrario, sólo será una evidencia más de que, como siempre, la ley se aplica en unos, y no en todos, y menos, con el mismo rasero.
Ciertamente, y eso hay que decirlo, en Guerrero como en muchos estados del país, la impunidad es más que evidente, como consecuencia de la no aplicación de la ley, salvo en contados casos, como lo demuestra el rezago de averiguaciones previas y carpetas de investigación, ya por la incapacidad de la Fiscalía de Justicia, antes Procuraduría, como por las componendas existentes para no actuar contra los delincuentes.
Y es que si bien la Constitución iguala a todos ante la ley, lo cierto es que en las cárceles están quienes se han robado una gallina, y fuera de ellas los que se han robado millonarios recursos, precisamente por la impunidad existente, porque la ley no se aplica por igual, y porque como dice aquella frase atribuida al presidente Benito Juárez: “a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos, la ley a secas”.
Por eso, hay que decirlo, hay tanto delincuente suelto. Por eso es que la impunidad es más que evidente, y por eso, en el caso específico de los grupos de policías comunitarios, la aplicación de la ley debe ser para todos, y no sólo para el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, a quien se le acusa de daños a terceros, y de robarse unos chivos.
Por supuesto que si Bruno Plácido es culpable de los delitos que le imputan, por muy dirigente que sea de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, y por muy influyente que se crea, debe aplicársele la ley, sin favoritismos ni distingos, pero al igual que a él, debe hacerse lo mismo, suponemos, contra aquellos dirigentes de policías comunitarios que también han cometido delitos.
De no ocurrir, entonces tendríamos otro ejemplo más de que sólo se castiga a unos y se deja libres a otros, como por cierto, ha venido ocurriendo.
Es decir, si la Fiscalía General del Estado, agarra parejo, con el mismo rasero, sin favoritismo ni distinciones, entonces sabríamos que está cumpliendo su papel, más allá de si son amigos, adversarios o enemigos del poder. Y sólo entonces, sin duda, tendría el aplauso y el reconocimiento de los guerrerenses.
Hay que decirlo. No hay ninguna duda que la policía comunitaria de la Upoeg ha cometido excesos y delitos, y aunque no lo reconozca su principal dirigente, ha agraviado no sólo a los cuerpos policiacos del estado, sino al propio Ejército mexicano. Sin duda deben ser sancionados, pues aunque no pueda gustarnos, tienen el reconocimiento de la ley.
A propósito, salvo los policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, ningún otro cuerpo de policía comunitario tiene reconocimiento oficial y legal, de tal forma, y esto hay que decirlo, están fuera de la ley, y por consiguiente, las actividades que realizan.
Así es, diría el Maestro. Salvo la Crac, que incluso tiene una Ley que la rige, la 701, y que opera en comunidades específicas, sin salirse de ellas, ninguna otra policía comunitaria de las existentes en la entidad tiene facultades para operar como grupo que brinda seguridad, a pesar de que en algunos gobiernos, como el de Ángel Aguirre Rivero, se les otorgó armas, camionetas y hasta uniformes, con el argumento de que protegían a la sociedad, a grado tal que incluso realizaban operativos conjuntos con las policías legalmente constituidas.
Es cierto. En algún momento los policías como el de la Upoeg, brindaron seguridad a los pueblos; sin embargo, al prostituirse sus objetivos, se convirtieron en su peor enemigo, al contraer compromisos inconfesables, de tal forma que quienes operaban como comunitarios, dejaron de ser vecinos de las comunidades, y de las escopetas y rifles del 22, pasaron a utilizar los llamados “cuernos de chivo”, y de las camionetas modestas y destartaladas, a transportarse en camionetas blindadas.
Claro, no son los únicos, decíamos al principio. Sin embargo, aún y cuando están fuera de la ley, las autoridades incluso pactan con ellos.
En fin. Hay que decir que no sólo la Upoeg, y su dirigente han cometido delitos. Otros policías comunitarios, también han hecho lo mismo, de tal forma que si la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos también va contra ellos, estaríamos hablando de que aplica la ley sin distingo. De lo contrario, sería otra cosa.
Por cierto, ¿qué tenía hacer Bruno Plácido, y la Upoeg, en Tlapa, en donde según las denuncias que pesan sobre él, cometió los delitos de daños a terceros y el de robo (de chivos)? Cierto, no sólo allí han estado sus comunitarios. Pero eso ya es otra cosa, como el compromiso del gobierno estatal de credencializarlos…
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