• La inhabilitación de Fermín Alvarado
y su defensa por el Suspeg
Por Roberto Santos
Lo intentaron, pero no pudieron.
Quienes están detrás de Adela Hernández, líder del Suspeg, y de Guille, la lideresa de la sección XXXI de los administrativos de Bachilleres, no podrán decir que no le echaron todo el fuuuuaaa para poner de rodillas a la gobernadora y obligarla a despedir al director de esta institución educativa, Jesús Villanueva Vega.
No pudieron y era de esperarse.
Lo que iniciaron como una defensa laboral en realidad era un acto político encaminado a doblegar a la gobernadora para que dejara pasar las posibles irregularidades del director anterior.
Sus asesores se equivocaron y dejaron que se exhibieran defendiendo lo indefendible: Posibles actos de corrupción.
Los compromisos de Adela Hernández deben ser muy grandes con algunos personajes del sexenio anterior como para salir a participar en los bloqueos y encabezar las negociaciones con los actuales funcionarios.
Hoy sabemos que Fermín Alvarado está metido en el hoyo que creó en la dependencia que manejó como si fuera de su propiedad.
La auditoría arrojó 17 observaciones y estás representan un monto de mil 300 millones de pesos, durante el tiempo que el funcionario estuvo al frente de este “negocio”.
Ya el Contralor anunció que Fermín Alvarado será inhabilitado y que las irregularidades serán presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
Resulta increíble el abuso de algunas personas, que al estar frente de una dependencia sus manejos se vuelven arbitrarios como si de su propiedad se tratara.
El secretario de Controlaría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loria Casanova, informó que dentro del programa permanente de combate a la corrupción, instruido por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se realizó una auditoria a la OPD Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, encontrando 17 observaciones que suman un monto aproximado de mil 300 millones de pesos en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 cuyo titular era Fermín Gerardo Alvarado Arroyo.
Detalló que encontraron la falta de pago de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos, 140 plazas no autorizadas por 120 millones de pesos.
Bueno, resulta que no son 87, sino 140 plazas, asignadas arbitrariamente, sin techo presupuestal y sin justificación alguna, cómo también lo señaló Villanueva Vega.
Si eso no era suficiente, también se despachó con la cuchara pozolera al asignar bases y recategorizaciones no autorizadas e improcedentes por 108 millones de pesos, y también 87 basificaciones.
Loria Casanova señala que a la fecha se han encontrado con 15 personas con parentesco, de las cuales siete son familiares directos del ex Director, así como pagos indebidos realizados a una empresa por 20 millones de pesos, entre otras.
Mucho tendrá que explicar Fermín Alvarado del manejo de estos recursos y del por qué no pagó los impuestos descontados a los trabajadores.
La verdad es que este tipo de escándalos ya no causan asombro tratándose de Fermín Alvarado, pues en los casos donde ha sido funcionario ha salido con señalamientos en su contra por el manejo de recursos.