• El trasfondo del paro de Bachilleres
Por Roberto Santos
No hay mucho que buscarle para entender el paro laboral de los administrativos de Bachilleres.
El fondo del asunto es mantener una ilegalidad, y para eso el Suspeg presiona arriba para poder negociar las bases que de acuerdo a información oficial, Fermín Alvarado entregó a un grupo de conocidos suyos, en los años de pandemia.
87 es el número de trabajadores que resultaron beneficiados durante el tiempo que el exdiputado priista estuvo al frente de este importante y vilipendiado espacio educativo.
Justamente por esas prácticas ilegales de algunos priistas es que el tricolor se encuentra en la lona al darles la espalda quienes en las urnas castigan o premian.
Seguramente eso a muchos no les importa porque igualmente ahora son los nuevos ricos del estado.
Resulta que al llegar el nuevo gobierno y el actual director del Colegio de Bachilleres, pronto empezó a brotar como aguas termales la cloaca que ahí se mantenía encerrada y al dar a conocer ese cochinero, la Junta Directiva que encabeza el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, decidieron dar de baja a esas 87 bases irregulares, porque violan el Contrato Colectivo, carecen de techo presupuestal, y fueron entregadas sin justificación alguna.
La decisión de la Junta es lo que se juega en esta medición de fuerzas que hace el Suspeg contra el gobierno del estado, al que pretenden poner de rodillas al convocar este movimiento de protesta y bloqueo de las calles que afecta a terceros, y hasta donde acudió para dar su respaldo la mera mera Secretaria General.
Resulta inexplicable que tanto la líder de la sección XXXI que encabeza Guillermina Rodríguez, y Adela Hernández encabecen un movimiento que no tiene fundamento alguno y carece de toda lógica.
No es entendible que ambas dirigentes se lancen sin paracaídas a un movimiento sin pliego petitorio visible, pues según información disponible, los derechos de los trabajadores han sido respetados puntualmente por el director General Jesús Villanueva Vega, así que defender un acto irregular –para algunos observadores– puede tener un trasfondo político partidista –de algunos priistas– y de chantaje laboral en contra de la gobernadora.
Al parecer el enojo de las dirigentes, la seccional y la general, es mayor porque esas plazas ya no podrán ser cobradas, por lo que es probable que este movimiento se radicalice, poniendo en contradicción al sindicato del Suspeg, porque ahora defenderá las ilegalidades de los funcionarios pasados.
Quizá eso explique el rumor de que la dirigente estatal llegó gracias al apoyo de ciertos grupos del PRI.
¿Será acaso que ya les están cobrando el favor?