• En la cuerda floja los 46 diputados locales
• Podrían ser destituidos. ¿Y la gobernadora?
LA POSIBILIDAD ES REAL. Los 46 diputados que integran la 63 Legislatura del Congreso del estado pueden ser destituidos del cargo si no cumplen, al 14 de abril próximo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien desde el año pasado ordenó una consulta en todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, a fin de reformar la Constitución Política del Estado. La titular del Poder Ejecutivo a local, de acuerdo a la misma sentencia, también sería objeto de la misma sanción.
La razón es sencilla: el Congreso del estado, quien tiene como su principal función el de legislar, se ha hecho el occiso en dar cumplimiento a la sentencia del máximo tribunal del país, referente a reformar la Constitución Política local en materia de derechos indígenas y afromexicanos, de tal forma que si no cumplen al 14 de abril, se harán acreedores a la sanción respectiva.
La sanción, ciertamente, también alcanza a la gobernadora del estado, en razón de que así lo establece la resolución de la Corte, derivado de una acción de inconstitucionalidad, toda vez que el Congreso local, junto con el gobierno del estado, reformaron la Constitución Política y ordenamientos electorales sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
En consecuencia, tanto los 46 diputados locales, como la gobernadora del estado, de no cumplir con la resolución, serán destituidos del cargo y, más aún, inhabilitados. La sentencia en cuestión es la 81/2018, la cual tiene fecha de cumplimiento hasta el 14 de abril próximo, y aunque el Congreso local solicitó una prórroga, la Suprema Corte de Justicia se negó otorgarla.
En efecto, a través de una acción de inconstitucionalidad, el máximo Tribunal del país invalidó las reformas electorales que realizó la anterior Legislatura, la 62, así como modificaciones a la Ley 701, referente al reconocimiento, derechos y cultura indígena, debido a que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo anterior, encabezado por Héctor Astudillo Flores, consultaron a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En consecuencia, ordenó la realización de consultas entre éstos.
Cabe señalar que la sentencia de referencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril del año pasado, y de acuerdo a la misma debe ser acatada y cumplimentada en todos sus términos en un periodo de 12 meses, es decir, un año, que se cumple precisamente el próximo 14 del mes próximo, es decir, en poco más de 30 días.
Por eso es que es real la posibilidad de que los 46 diputados del Congreso local, o lo que es lo mismo, la 63 Legislatura, sean destituidos del cargo y más aún, inhabilitados para ocupar otro por un periodo definido. Y como ya hemos dicho, la gobernadora del estado, como titular del Poder Ejecutivo, está en la misma situación.
Hay que decirlo. Por supuesto que hay culpables, aunque en mayor o menor grado. No obstante, la negligencia, ciertamente, es de todos los involucrados, principalmente de quienes encabezan el Congreso del estado, pues al menos el presidente de la Junta de Coordinación Política, así como el secretario de la misma, son precisamente los mismos de la anterior Legislatura, es decir, los que no hicieron o no quisieron consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos durante casi un año.
Así es. La bancada de Morena y del PRI se hicieron los occisos en la pasada Legislatura, a pesar de que tuvieron varios meses para llevar a cabo la consulta de referencia, y la actual, la 63, que lleva casi seis meses de vida, hasta hace unos días se ha retomado el asunto, a poco menos de un mes y medio de que se cumpla el periodo de sentencia de la Corte. La razón, como ya dijimos es sencilla: Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, y Héctor Apreza Patrón, del PRI, no sólo son flojos, sino que tampoco se ponen de acuerdo, ni siquiera cuando está en riesgo su encargo de diputados.
También hay que decirlo. El gobernador anterior, Héctor Astudillo Flores, tampoco tuvo intenciones reales de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ocupado más en agradar al presidente de la República que en cumplirle a los guerrerenses, y en este caso a los nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, así como a los afros. Por supuesto, también tiene responsabilidad el actual gobierno, del que hay que decir que sus funcionarios, como la actual secretaria de Asuntos Indígenas, es un total fracaso.
En fin que si el Congreso local, como el gobierno del estado no pudieron, o no quisieron realizar la mencionada consulta en poco más de 10 meses, difícilmente podrán hacerla en cuando mucho 30 días, es decir, un mes, con todo y que los diputados hayan aprobado un protocolo de la consulta, como un acto de desesperación, ante la posibilidad real de que sean destituidos del cargo e inhabilitados, simple y sencillamente por negligencia, irresponsabilidad y valemadrismo, confiados en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les daría una prórroga para cumplir con su sentencia.
Claro, si sale la consulta, será una marranada por parte del Congreso, sólo para cumplirle a la Corte, aunque si hay alguien que se inconforme, porque no se realizó en los términos que señala la sentencia, será más que suficiente para que se eche abajo.
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