• ¿Las tropelías de la Comunitaria?
Por Alfredo Guzmán
Luego de 15 días de atropellos contra una familia indígena de Cochoapa el Grande, Guerrero autoridades municipales, estatales, de Derechos Humanos y la Fiscalía Estatal, decidieron actuar, para liberar a 4 niñas, una de 15 y las otras de 5, 6, y 7 años retenidas más de 10 días en celdas de la Policía Comunitaria, además de una anciana e iniciar una investigación por los delitos de privación de la libertad personal y lesiones calificadas, contra una mujer a la que hicieron perder su embarazo de trillizos, por la golpiza que le dio el comandante de la Policía en mención.
La familia agraviada vive en el poblado de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande. La cárcel de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se ubica en la población de Dos Ríos, del mismo municipio.
El problema tiene su historia. Hace 4 años, una joven Na Savi de 11 años, fue vendida por 120 mil pesos a un joven, para su casamiento. Pasaron 4 años.
La carencia de recursos en la zona, provoca que el joven vaya a los Estados Unidos (EEUU) a trabajar. La joven se queda en la casa de los suegros. Pasado el tiempo, la joven cumple 15 años y el suegro, la quiere violar hasta en 4 ocasiones. La niña huye a casa de su abuela y a denuncia del suegro, la policía comunitaria acude a la casa de la abuela.
La denuncia del padre del joven que está en los EEUU, se relaciona con la demanda de que pagó 120 mil y ahora requiere 210 mil, por los gastos realizados, en su manutención. Elemento que encubre la violación frustrada, que no pudo realizar.
La (CRAC-PC) acude a la casa de la abuela y la retiene y la lleva a las celdas de Dos Ríos.
Para obligar al padre de la joven a que pague la deuda, se llevan a 3 de sus hijas menores.
La niña de 15 años, acude a ver a la abuela y es retenida, igual.
Hará 3 días, que la madre al acudir a darle de comer a las detenidas, es jaloneada y golpeada por el comandante de la Comunitaria y derivado de ello, la mujer tiene un aborto en las instalaciones de la CRAC-PC de Dos Ríos. Donde pierde un embarazo de trillizos.
La familia acude a su rescate y la traslada al hospital de Ometepec. Ahí es donde surge el escándalo y se conoce del tema en agravio de 7 integrantes de la familia indígena.
Por este hecho bochornoso y de vergüenza, es que ayer el Secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas Javier Rojas Benito, el presidente municipal de Cochoapa el Grande Bernardo Ponce García y la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Cecilia Narciso Gaytán, acudieron a rescatar a las afectadas y la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, inició la carpeta de Investigación 121606703003591100921,por los delitos de privación de la libertad personal y lesiones calificadas, contra policías de la CRAC-PC de Cochoapa el Grande.
La investigación incluye también al comisario municipal Carlos N del poblado Dos Ríos y a la pareja formada por Rutilo N. e Hilaria N., padres del joven que vive en los EEUU y presuntos responsables del reclamo del pago por la compra de la niña, e iniciadores del conflicto, que ya alcanza un escándalo por los hechos lamentables y la permanente violación a los Derechos Humanos de niñas, ancianas y una madre que pierde su embarazo por los jaloneos y golpes propinados por el comandante de la Policía Comunitaria.
En 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Cámara de Diputados coincidieron en que es necesario establecer esquemas que defiendan garantías políticas, civiles, de salud y reproductivas de las mujeres, sobre todo en aquellas comunidades gobernadas por usos y costumbres.
Los legisladores plantearon que subsisten en el país prácticas que violentan los derechos de las indígenas y que a pesar de que estas comunidades aportan riqueza cultural y siguen siendo un sector donde hay fuertes asimetrías, hay diferencias fundamentales entre la vida de los hombres y las mujeres, que viven permanentemente violentados sus derechos elementales.
La CNDH publicó en su gaceta en ese momento, que es consciente de que la protección de este sector de población es de especial relevancia, por ser considerado un grupo en situación de vulnerabilidad y víctima de desigualdad, por lo que seguirá instrumentando acciones cada vez más ambiciosas para lograr el pleno reconocimiento, respeto y protección de los Derechos Humanos de las indígenas a quienes se les afecta sus esquemas de trabajo, economía, acceso a oportunidades , que repercuten negativamente en su calidad de vida y desarrollo humano.
Simple pero concreto.
Pero la violencia contra las mujeres sigue caminando impunemente. Y de las indígenas, con más vergüenza que lógica social.