• DIF estatal y CDHEG, por desterrar matrimonios de niñas en la Montaña

Por Roberto Santos

Un avance sin duda la acción del DIF estatal y la Comisión Estatal de los Derechos al iniciar una campaña de difusión en los municipios indígenas cuyo fin es garantizar los derechos de las niñas y mujeres, quienes aún sufren las consecuencias de vivir en comunidades patriarcales, donde sus derechos y deseos valen casi nada.
De acuerdo a lo difundido, “su objetivo es generar acciones que destierren la violencia que pobladores ejercen en su contra con argumentos de usos y costumbres.”
La firma de colaboración pretende dar difusión de medidas preventivas de la violencia a niñas y mujeres principalmente en la región de la Montaña y Costa Chica.
Mercedes Calvo de Astudillo acompañada de la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, “coincidieron en que la suma de esfuerzos y voluntades hacen posible garantizar el que no se violenten los derechos de mujeres indígenas y por ello reiteraron su compromiso para trabajar de la mano llevando mensajes a más lugares donde la población pueda saber a dónde acudir en caso de que se violenten sus derechos.”
Habrá que recordar que el gobierno del estado, instaló la Comisión Intersecretarial para realizar acciones orientadas a erradicar la violencia contra las niñas y mujeres adolescentes en la región de la montaña, además de garantizar sus derechos como lo son a la salud, educación, al vivir y primordialmente a tomar decisiones referentes a su vida.
Mercedes Calvo de Astudillo señaló que la difusión de que en el estado de Guerrero está prohibido el matrimonio infantil y que es un delito obligarlas a casarse.
«Tenemos que romper con estos usos y costumbres que violentan la libertad», insistió.
Los spost de radio en lenguas Me’phaa, Náhuatl y Tuuunsavi, llevan el mensaje de erradicación del matrimonio infantil, abusos sexual infantil y los diez derechos fundamental de niñas, niños y adolescentes.
Habrá que reconocer estas acciones de las autoridades, orientadas a eliminar venta de mujeres en algunos municipios en la Montaña, que conlleva violencia, maltrato psicológico, violaciones sexuales, y abandono.
Profundizando más en este tipo de situaciones, los padres pueden entrar en la categoría delictiva de tratantes de personas, por lo que las autoridades deberán trabajar más en acciones orientadas hacia los padres de familia que tienen por costumbre vender a sus hijas menores de edad.
También hacen estudios acerca de los estragos en la parte emocional de las jovencitas que han sufrido este tipo de comercio matrimonial realizado por sus padres.
Y las consecuencias emocionales de éstas y el maltrato que reciben cuando el marido las regresa a la familia.
Las acciones de las autoridades son un reto complejo, pues se pretende desterrar los usos y costumbres de una sociedad patriarcal estructurada por cientos de años, y el desafío es cambiar la mentalidad de los hombres para que respeten los derechos de sus hijas y de sus mujeres, así como promover que las mujeres hagan valer sus deseos y sus derechos.
La pregunta obligada es cómo convertir a las mujeres en sujetos de derechos, y conseguir que todas tengan acceso al mundo económico, laboral, de salud, y a puestos de decisiones políticas, en comunidades marginadas y abandonadas.
Ojala esta campaña de verdad consiga mover desde sus cimientos las estructuras patriarcales existentes en esos pueblos como para que las mujeres, la mayoría adolescentes, puedan también tener algún día una mayor equidad en el plano de las relaciones amorosas, y puedan decidir con quién entablar relaciones de noviazgo y decidir con quién unir sus vidas.