- Niños soldados
Por José Antonio Rivera Rosales
El caso de los niños nahuas en armas de Chilapa llamó poderosamente la atención de la sociedad nacional. Y no es para menos.
Pero más que la censura fácil contra quienes les proporcionan las armas y les ofrece algún tipo de entrenamiento para la defensa, habría que valorar las causas profundas de tan preocupante fenómeno.
En principio habrá que decir que el fenómeno no es nuevo, por lo menos en Guerrero.
En 1998 una organización armada con asiento en la Montaña Alta exhibió a niños de entre 8 y 12 años portando fusiles y recibiendo adiestramiento militar en un campamento situado en algún lugar de aquella abrupta región.
La agrupación en cuestión era el Ejército Revolucionario Indígena y Campesino de Liberación Nacional (ERIC-LN), uno de los componentes de una casi desconocida coalición de grupos armados de filiación indígena denominada Triple Alianza Guerrillera Indígena
Nacional (TAGIN).
En aquella ocasión los mandos clandestinos explicaban que, desde su perspectiva, los pueblos indígenas de todo el país debían hacerse escuchar por la sociedad nacional de una u otra manera, después de permanecer 500 años en el olvido oficial.
Según esa visión, esa y otras organizaciones indígenas se estaban preparando para afrontar “una guerra de larga duración” cuyo objetivo era cambiar radicalmente el estado de cosas en el país, luego de que el Estado Mexicano y sucesivos gobiernos los tenían sometidos a un proceso de exterminio de sus culturas ancestrales
Vistas las cosas de esa manera, esa organización preparaba a la siguiente generación de jóvenes indígenas para enfrentar esta supuesta guerra contra los cuerpos de seguridad del estado, conflicto en el que preveían que la generación actual de combatientes “nos vamos a ir, pero ellos (los niños) continuarán esta guerra de liberación”.
Después de esa exhibición, hubo contadas apariciones de ese grupo armado en puntos aislados de la geografía guerrerense, tras lo cual desaparecieron del escenario. Pero es bastante probable que, igual que otras agrupaciones clandestinas, mantengan vigente su proyecto y aprovechen el silencio para fortalecer sus filas.
En el caso de la CRAC-PF, la organización comunitaria que promovió la presentación de los niños en armas en el municipio de Chilapa, estamos ante una agrupación legítima surgida de las mismas entrañas de las comunidades nahuas de esa región. No son, como sugirieron algunos comentaristas, un grupo vinculado a intereses turbios
Los Pueblos Fundadores son un grupo de 26 comunidades y pueblos indígenas asentados en su mayoría en el municipio de Malinaltepec, en la región de La Montaña. Se hacen llamar así porque fueron parte de los componentes originales del Consejo Regional de Autoridades Indígenas (CRAI), el embrión de la organización que en septiembre de 1995 sería conocida como Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).
Cuando en 2010 la CRAC fue sacudida por discrepancias internas -debido a la intromisión de activistas mestizos de izquierda-, la organización comunitaria se dividió en tres partes: un sector se fraccionó y pasó a transformarse en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), otro segmento permaneció como CRAC-PC y un tercer
sector, el de los Pueblos Fundadores, se hizo llamar CRAC-PF pero se replegó a la parte alta de La Montaña.
Fue probablemente en 2010 o antes cuando comisarios y liderazgos naturales nahuas, provenientes en su mayoría de Rincón de Chautla, Chilapa, solicitaron la asesoría de los Pueblos Fundadores para construir su propia policía comunitaria en aquella región, dado que preveían el acoso de grupos criminales contra sus comunidades. El tiempo demostró que esos dirigentes indígenas tenían razón.
Así las cosas, un grupo nutrido de comunitarios de los Pueblos Fundadores se trasladó a Chilapa para comenzar a organizar la nueva policía comunitaria según su experiencia, usos y costumbres. El traslado de la experiencia de los pueblos Tu’un savi de Malinaltepec a los nahuas de Chilapa resultó ser un éxito. Un total de 16 o 17 comunidades integraron su
nuevo esquema de autodefensa.
Esas comunidades han sufrido muchas agresiones brutales, como la de noviembre de 2014 cuando once personas aparecieron decapitadas en los linderos entre Chilapa y Zitala, otro municipio nahua.
Aunque hubo muchos otros casos de agresiones de Los Ardillos contra las comunidades que integraron su policía comunitaria, fue en mayo de 2015 cuando los llamados “Comunitarios por la Paz y la Justicia” -que no es más que un nombre de fachada del grupo criminal-, desaparecieron a 30 personas durante una irrupción de varios días en la cabecera municipal. Hasta la fecha nada se sabe de esas personas raptadas.
En enero del año pasado, hace casi exactamente un año, los criminales sufrieron un revés inesperado: atacaron la comunidad de Rincón de Chautla, pero los comunitarios ya los estaban esperando y les causaron una docena de muertos. Desde entonces la situación ha estado más tensa que nunca: los pobladores de esas comunidades se encuentran prácticamente sitiados, sin poder trasladarse a la cabecera municipal para hacer sus compras por el peligro que les significa el grupo criminal que les ha causado decenas de muertos.
Exasperados por el silencio oficial, las dirigencias comunitarias de esa región decidieron presentar a los niños que comenzaron a entrenar -familiares algunos de ellos de los 10 músicos masacrados en días recientes-, con el claro objetivo de llamar la atención de la sociedad y de los medios de comunicación.
Es claro que en ambos casos, el de Chilapa y los niños guerrilleros, existe un común denominador: la desesperación. La puesta en escena es un mensaje que se perfila más como un acto de desesperación que de protagonismo político o irresponsabilidad.
En este contexto es un acto loable, de entereza y responsabilidad política, la visita personal del gobernador Héctor Astudillo a la región de Chilapa donde dialogó personalmente con la dirigencia de la CRAC-PF y los comisarios de los pueblos agraviados por la violencia.
Esperemos que en lo sucesivo podamos ver actos decisivos de la ley para garantizar la seguridad pública de la región y llevar justicia a todas esas familias agraviadas.